Esta entrada continúa el resumen de la nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común a partir del Título III. Los títulos I y II están resumidos en esta entrada.
Título III. De los actos administrativos
En este apartado puede ser interesante recordar la definición de acto administrativo. La más aceptada es la de Guido Zanobini (1954) que definía:ACTO ADMINISTRATIVO: cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento, juicio realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa. (más información en enciclopedia jurídica)
Forma y Notificaciones Electrónicas (art. 36, 40, 41, 42, 43)
En el artículo 36 se indica que los actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos a menos que por su naturaleza se exija otra forma más adecuada.
En el resto se habla sobre las notificaciones a los ciudadanos de las resoluciones y actos administrativos que deben realizarse en el plazo de 10 días desde la fecha del acto administrativo y que se practicarán preferentemente por medios electrónicos (aunque en algunos casos si para asegurar la eficacia resulta necesario practicar la entrega directa se hará de esta forma).
Las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tiene acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados, pero no para la práctica de notificaciones. Este medio puede utilizarse para informarle que se ha puesto a su disposición una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
Además, todas las notificaciones que se practiquen en papel, deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
Las notificaciones se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica, para lo que el interesado o su representante deberán estar debidamente identificados. Se entenderá rechazada la notificación cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
El acceso a las notificaciones se hará desde el Punto de Acceso electrónico de la Administración.
Implicaciones tecnológicas:
- La Administración debe disponer de un sistema de notificación electrónica permita asegurar que el interesado ha accedido al contenido de su notificación y para eso tendrá que completar los mecanismos de su sede electrónica con envíos de información a medios electrónicos como correo electrónico para informar de la disponibilidad de una notificación y un sistema que comparecencia en sede que registre el momento de acceso a la notificación. Para ello se podrán realizar desarrollos propios, o integrarse con el servicio de notificaciones electrónicas de la la Administración General de Estado (AGE)
Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
Derechos del interesado (art. 53)
El interesado en un procedimiento administrativo tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. Debe conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda (positivo o negativo) en el caso de que la Administración no realice una notificación expresen en plazo. Debe poder conocer el órgano competente para su instrucción y también tiene derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
La consulta de información se hará desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración y el interesado no estará obligado a presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
Debe poder realizar las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 de esta Ley (Tarjeta de crédito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, otros que se autoricen)
Implicaciones tecnológicas:
- La plataforma de tramitación de procedimientos administrativos debe no solo recoger solicitud y documentación sino permitir que cada vez que el ciudadano se conecte a la sede electrónica para consultar el estado de su procedimiento, le permita revisar en qué estado se encuentra de tramitación, poder consultar y descargar, tanto la documentación que el entrego, como la documentación intermedia que deba conocer, además de permitirle subsanar y enviar nueva documentación.
- El hecho de que el interesado no deba aportar ninguna información que esté en posesión de cualquier otra Administración Pública es realmente crítico, ya que implica que las plataformas de interoperabilidad entre Administraciones debe funcionar perfectamente y todas las administraciones debe participar en ella tanto como usuarias que recojan la información, como generadoras de información para otras administraciones que lo soliciten.
Inicio del procedimiento y declaración responsable (art. 54, 66, 69)
Los procedimientos pueden iniciarse de oficio o a solicitud de un interesado. Cuando es el usuario el que lo solicita debe incluir en su solicitud:
- Nombre y apellidos del interesado y, si procede, de la persona que lo represente.
- Identificación del medio electrónico o ligar físico en el que desea que se practique la notificación. Pudiendo dar su correo electrónico y/o dispositivo electrónico para que se les avise del envío o puesta a disposición de la notificación.
- Hechos y razones y petición.
- Lugar y fecha.
- Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad por cualquier medio.
- Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su código de identificación. Las Administraciones deberán mantener un listado con los códigos de identificación vigentes.
A los interesados hay que entregarles si lo solicitan un recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos estarán a disposición de los interesados en las sedes electrónicas.
Las Administraciones pueden requerir a los interesados de los apartados 14.2 y 14.3 (personas jurídicas, profesionales, notarios,..) que subsanen documentación de forma electrónica aunque hayan realizado la solicitud presencialmente.
Hay dos conceptos que se aclaran en esta Ley y son la declaración responsable y la comunicación. Se entiende por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con os requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad, que dispone de la documentación, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida. Se diferencia del concepto de comunicación que es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesible a los interesados.
Implicaciones tecnológicas:
- Mantener en la sede electrónica el listado de códigos de identificación de las unidades administrativas o centros de esa Administración.
- Es complejo pensar los diferentes casos que pueden darse en los que el usuario pueda presentar simultáneamente varias solicitudes. Podrían darse varias situaciones, como que un usuario quera resolver varios temas diferentes con la Administración, con lo que el sistema debe estar habilitado para recibir una documentación y a partir de ellas ser capaz de iniciar diferentes procedimientos administrativos, o podría darse el caso de un representante que presenta múltiples documentos de un mismo procedimiento (p. ej. alta de vehículos IVTM) y deberían generarse varias solicitudes del mismo tipo asociadas al mismo representante y diferentes representados.
- Es necesario guardar algún campo en la información del usuario para diferenciar las personas físicas de aquellas jurídicas u organizaciones que tiene la obligación de interactuar de forma electrónica.
- Hay que disponer en la sede electrónica de modelos de declaración responsable y comunicación que el interesado pueda rellenar y presentar.
Expediente Administrativo, Concentración de trámites e instrucción (art. 70, 71, 75)
Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes deben tener formato electrónico e incluirán todos los documentos, pruebas dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias así como un índice numerado de todos los documentos.
De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultaneo.
Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes.
Implicaciones tecnológicas:
- La implicaciones de estos artículos son muy relevantes, ya que no solo hay que permitir al ciudadano interactuar con la administración de forma electrónica, sino que internamente, la Administración debe desarrollar los diferentes procedimientos mediante expedientes electrónicos. Lo que supone una gestión de la tramitación y documental casi completa. Por un lado, se necesita el sistema de tramitación que se relacione con el interesado y vaya cambiando el estado del procedimiento pero además debe tenerse una gestión documental para guardar e identificar correctamente a toda la documentación que forme parte del procedimiento.
Resolución (art. 88)
La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento.
Tramitación Simplificada del Procedimiento Administrativo Común (art. 96)
Cuando por razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento. Esta deberá ser resuelta en 30 días y constará solo de los trámites:
- Inicio del procedimiento
- Subsanación de la solicitud
- Alegaciones formuladas
- Trámite de audiencia (solo cuando la resolución vaya a ser desfavorable)
- Informe del servicio jurídico (si es necesario).
- Informe del Consejo General de Poder Judicial (si es necesario).
- Dictamen del Consejo de Estado (si es necesario).
Ejecutoriedad. Obligación de pago (art. 98)
Cuando de una resolución administrativa surja una obligación de pago, esta se efectuará preferentemente utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:
- Tarjeta de crédito y débito.
- Transferencia bancaria.
- Domiciliación bancaria.
- Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente
Implicaciones tecnológicas:
- Desde la plataforma de tramitación hay que permitir la realización del pago mediante pasarela de pago y generación de toda la documentación necesaria para que el interesado pueda cumplir con su obligación de la forma más sencilla posible.
Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa
Poco que destacar respecto a tecnología en este Título en el que se tratan los temas de: revisión de oficio y recursos administrativos
Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
Planificación normativa y participación ciudadana (art. 132 y 133)
Cada año, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Este deberá publicarse en el Portal de la Transparencia de la Administración que corresponda.
Con carácter previo a la elaboración de proyectos o anteproyectos de ley o de reglamentos, se realizará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente para recoger opiniones de los sujetos u organizaciones interesados sobre: problemas que quiere solucionar la iniciativa, necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos de la norma y posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Implicaciones tecnológicas:
- La Administración debe tener un portal de Transparencia en el que debe incluir el Plan Normativo cada año.
- La Administración debería tener también una plataforma que permita a los ciudadanos comentar, valorar y hacer aportaciones de las propuestas de Ley.
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Para terminar, las disposiciones adicionales más destacadas desde el punto de vista tecnológico:
Disposición adicional segunda. Adhesión de Comunidades Autónomas y EELL a las plataformas y registros de la Administración General del Estado
Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia.
Disposición final séptima. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el 2 de Octubre de 2016, aunque las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años, es decir el 2 de Octubre de 2018.
Y solo por añadir un toque personal, espero que esta Ley venga acompañada de ayuda económica y técnica para que puedan cumplirlas todas las Administraciones: ~8000 Entidades Locales, Comunidades Autónomas, etc.
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